Fotografía: Mateo Caballero
Texto: Paola Vargas
Ante el inconformismo por las condiciones socioeconómicas de muchos colombianos, se han multiplicado en los últimos tres años a lo largo y ancho del país, las demostraciones de arte, el sentido de pertenencia y la sensación general de que los dirigentes de turno ven como un enemigo latente a todo aquel que tenga una idea contraria a la suya. Tal vez este ha sido el despertar para muchos, que con ayuda de las redes sociales ha tomado más fuerza, dado que, a diferencia del siglo pasado, vivimos en una época donde la brutalidad policial y de las fuerzas militares ya no pasan de agache, un efecto similar a las estrategias empleadas por el gobierno para desprestigiar a quienes no están conformes con su modelo de administración: se crea todo un manto de duda alrededor del señalado, ya sea en vida o después de su muerte, acusándolo de conductas incorrectas.
Al menos esto es lo que dejan ver episodios como el de Álvaro Herrera Melo, el estudiante de música en la universidad pública del Valle, que el pasado 28 de mayo fue víctima de un mal procedimiento por parte de la Policía Nacional en Cali. Álvaro, con claros signos de tortura, admitió por medio de un vídeo ser un vándalo y haber participado en los daños ocasionados a varios establecimientos aledaños al barrio Ciudad Jardín, en donde tuvo lugar este episodio mientras algunos vecinos lo insultaban por sus actos.
Álvaro, quien además de ser desplazado, ha participado en eventos musicales en el exterior, quedó libre al día siguiente de su captura luego que el juez encargado de celebrar la audiencia la declara como ilegal enviando al muchacho a su casa. Esto abrió nuevamente el debate nacional alrededor de una serie de interrogantes sobre el papel de la fuerza pública en las protestas; sobre los protocolos que siguen avalados por los altos mandos. En un país que lucha por olvidar el horror de las últimas décadas, la falta de ética e imparcialidad de una institución que se supone vela por la seguridad de todos y todas ya no ofrece ninguna garantía.
Tristemente el final de Álvaro no es de los más comunes para estos casos, pues en muchas oportunidades, el aparato gubernamental no limpia el nombre de quien fue acusado por eso la familia es quien reclama limpiar la memoria de quien ya no está.
Es el caso de la familia de Lucas Villa, el joven estudiante en la Universidad Tecnológica de Pereira, quien el pasado 5 de mayo recibió ocho impactos de arma de fuego a manos de hombres armados que dispararon a la multitud reunida en el viaducto César Gaviria, que conecta a Pereira con Dosquebradas. Allí se desarrollaban manifestaciones pacíficas en el marco del Paro Nacional, evento en el que Lucas había participado todo el día, dejando claros mensajes del peligro que corren quienes tienen puntos de vista diferentes.
La escena quedó registrada en las transmisiones en vivo que los manifestantes hacían desde ese sitio, horrorizando a miles de espectadores del otro lado de la pantalla que no daban crédito a lo que veían. Después de varios días aferrándose a la vida, Lucas perdería la batalla, luego de declarársele muerte cerebral.
Si bien es cierto que la policía y los dirigentes locales y nacionales se pronunciaron en solidaridad hacia las víctimas y sus familias, se pasan por alto cuestionamientos importantes como la manera de entregar la noticia por parte de la agenda periodística tradicional, en dónde daban detalles irrelevantes de la vida del fallecido; como que a sus 37 años siguiera estudiando, su aspecto físico y la carrera que estudiaba por mencionar algunas. Todo para imponer un estándar que permitiera darle categoría y trato a la presunta víctima.
A estos casos a los que el Gobierno responde de forma cuestionable y justifica la actuación de los agentes del Estado, quienes intentan reprimir y descalificar a toda costa las manifestaciones, se suman decenas que se visibilizan por redes sociales y otras muchas que no conocemos, las cuales probablemente se pierdan en el tiempo sin que nadie les dé voz.
Por lo menos, si estas palabras van a servir que sea para conmemorar un año de la represión ejercida en Bogotá a inicios de septiembre de 2020 por parte de la Policía Metropolitana, en donde murieron 13 personas a manos de agentes del Estado y a las cuales se les dio una categoría de vándalos para justificar su muerte. No podemos permitirnos olvidar hechos como estos, porque las familias de estas personas aún están lejos de recibir un trato digno y un reconocimiento como víctimas. Se les ha cuestionado por estar donde estaban, vestir como vestían y demás excusas para explicar así el actuar de los agentes y volver a poner en tela de juicio a quien ya no está.
Es difícil pensar en un cambio de la fuerza pública mientras quien gobierne esté en contra de cualquier petición de cambio. Así las cosas y aunque el futuro se vea más oscuro que claro, como colombianos tenemos el derecho y el deber de expresar nuestro inconformismo ante los atropellos. No es el momento de callar.
Sobre la autora:
Paola Vargas
Es estudiante de pregrado de Comunicación social y periodismo, amigable con los perros y fiel admiradora de los gatos. En sus ratos libres riega y cuida sus planta, en su cabeza recorre la galaxia en busca de formas e ideas diferentes que la acerquen a posibles respuestas de tantas preguntas que hoy invaden a muchos llenando de curiosidad y vida a su existencia.
Agradecida de ser campesina, de disfrutar placeres tan sencillos y eternos como ver el agua de un riachuelo bañar todo un bosque llenándolo de vida y brillo. Está llena de historias por contar, pero sigue buscando las palabras precisas para escribirlas. Es santandereana revolucionaria de nacimiento por su sangre comunera, pero muy rola de corazón; de las que aman la changua en las mañanas y admira a los muiscas.
REVISTA PR 
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