Texto: Paola Vargas
Fotografías: Mateo Caballero
Con un Gobierno próximo a posesionarse a causa de los resultados que arrojen las siguientes elecciones presidenciales, es bueno echar un vistazo a los logros de este gabinete que a mi juicio no se pueden pasar por alto. Nos enseñó que la Economía Naranja es rendir el Frutiño con agua por televisión nacional; ayudó a alcanzar primeros lugares, por lo menos en el desplazamiento interno y hacer del malvado Doctor Tocino un hit en Colombia. Pero en esta columna, es el desplazamiento interno en lo quiero que ahondemos. Ya llegará el día en que escriba sobre el malvado Doctor Tocino.
Empecemos, pues, por el 2021, año en el que más se registran desplazados por cuenta del conflicto desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las extintas FARC en 2016. De acuerdo con los datos del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES), más de 82.000 personas fueron obligadas a salir de su territorio entre enero y noviembre de 2021.
La cifra es preocupantemente alta en comparación con los años anteriores, ¿las razones? Las que queramos: los cultivos de coca, la deforestación de bosques con fines ganaderos y hasta incrementos en los grupos ilegales. Acercando la mirada un poco más encontramos que el común denominador es el mismo en todos los escenarios. Se trata de la ausencia del Estado quien debería velar por la seguridad y el bienestar de los colombianos más olvidados, donde la guerra por la tierra ha estado presente por generaciones.
Esta realidad abarca gran parte del pacífico colombiano, corredor importante en las rutas de narcotráfico que se disputan los grupos ilegales como los paramilitares quienes parecen haber vuelto recargados en este gobierno, reviviendo las épocas doradas dónde se encargaron de ser los mayores despojadores de tierras. “El 83% de los casos de despojo de tierra, los paramilitares fueron los autores”. Le dice Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros, en el 2020 al diario El Espectador.
Así que no solo se quebranta el vínculo que se crea entre la tierra y quien la cultiva o el desarrollo de la comunidad, va mucho más allá. El desplazamiento también aporta a la desaparición de costumbres y saberes pasados que, por medio de una tradición oral, que viene desde los abuelos, se vea amenazada. La expropiación de tierras sentencia la herencia ancestral al olvido.
Un sinfín de campesinos son empujados a salir de madrugada, al medio día, durante la noche, no importa la hora, con lo que tengan encima, buscando un mejor mañana, esperando sobrevivir. Deseando que un milagro los regrese a ese ayer cuando miraban el amanecer desde su tierra sin miedo y con la seguridad de morir de viejos en ese lugar donde fueron felices.
Contrastando esa realidad, la Polombia que deja Ivancho marcha de maravilla, especialmente con la implementación de los Acuerdos de Paz. El 12 de abril habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en New York donde aseguro que su gobierno «lo ha hecho increíble”, que ha habido asesinatos de excombatientes y violación de los derechos por parte del Estado, pero ¿En qué proceso de paz no? Su administración le ha dado vía libre a la implementación de la JEP.
El presidente sabe que está en el ocaso de su mandato y ahora más que nunca se va a agarrar de cualquier resultado que sirva de bandera para tapar los reclamos por el incumplimiento de sus propuestas en campaña. Desde cifras mediocres en los Acuerdos de Paz hasta días sin IVA, todo cuenta a la hora de sacar pecho y desviar la mirada a cifras menos alegres.
Cifras como las que muestra el DANE en materia de costos en el país nos hablan de que, para abril de 2022, el IPC, que es el índice que estudia los precios en Colombia, se situó por encima del 9%, la cifra más alta en los últimos 21 años. Esto se traduce en el incremento de precios en productos tan básicos como la papa. Esto raya en el mundo de lo absurdo si tenemos en cuenta que Colombia produce cerca de 2,8 millones de toneladas de este alimento al año.
Este discurso, así como todos los que ha estado emitiendo el Gobierno, contradicen las acciones que internamente se ejecutan y afectan al campesino. Ese mismo campesino que intenta cambiar la siembra de coca por algo que le permita comer y, que además, debe rifar su suerte entre grupos ilegales mientras ve llegar al Estado en forma de militares, seducidos por la idea del enemigo interno.
Desde la Casa de Nariño también se evita hablar de cosas menos afortunadas como, por ejemplo, de que volvimos a ser el país más peligroso del mundo para los ecologistas. De acuerdo con la ONG Global Witness, para 2020, 65 ecologistas perdieron la vida defendiendo los ríos, los resguardos o simplemente su casa.
Bajo esos números no se puede decir mucho, hablan por sí solos. Pero si se puede decir que al muerto no sólo lo matan en vida, aún después de muerto el castigo continúa. La memoria de un o una líder social queda en campo de disputa porque en este país el legado también es cercenado. Porque ellos y sus medios se han encargado de escrbir la Historia a su acomodo. Y ni se diga de la vida que les toca vivir a los allegados que son obligados a aguardar silencio.
Aunque el gobierno trató con esfuerzos inertes de omitir verdades, la realidad se derrama todos los días ante nuestros ojos. Si usted, mi amigo, vive como yo en Bogotá, o si estuvo de paso, habrá visto que en el parque Nacional desde hacía más de 6 meses y hasta hace unos días, se encontraban asentados más de mil miembros de la comunidad Embera. Seres que tuvieron que salir de su tierra por causa de los enfrentamientos entre grupos ilegales, a los ojos de un Gobierno actual que hace como si no los conociera.
En medio de este “surco de dolores”, a favor se pueden nombrar algunos hechos que parecen darle esperanzas a quienes ya no las teníamos, como por ejemplo la Ley de Restitución de tierras que avanza lenta, pero avanza; o con el congreso que se estrena para este 20 de julio, cuyas mayorías pertenecen a sectores críticos que creen firmemente en una nueva repartición de tierra como parte de la solución al problema de desplazamiento y desigualdad en el país. De acuerdo con el DANE el 52% de la propiedad rural está repartida entre el 1,15% de los colombianos.
Viéndolo así, pareciera que vamos camino a salir del hueco en donde hemos estado por décadas. Si bien es cierto que no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, ni cantar victoria antes de tiempo, nuestra sociedad empezó a ser consciente y el primer paso se dio en los comicios para Congreso. El reto ahora es volver a ejercer nuestro derecho a elegir a quien nos dará la mano para avanzar como sociedad o nos condenará al fracaso como Estado Social de Derecho.
Sobre la autora:
Paola Vargas
Es estudiante de pregrado de Comunicación social y periodismo, amigable con los perros y fiel admiradora de los gatos. En sus ratos libres riega y cuida sus plantas, en su cabeza recorre la galaxia en busca de formas e ideas diferentes que la acerquen a posibles respuestas de tantas preguntas que hoy invaden a muchos llenando de curiosidad y vida a su existencia.
Agradecida de ser campesina, de disfrutar placeres tan sencillos y eternos como ver el agua de un riachuelo bañar todo un bosque llenándolo de vida y brillo. Está llena de historias por contar, pero sigue buscando las palabras precisas para escribirlas. Es santandereana revolucionaria de nacimiento por su sangre comunera, pero muy rola de corazón; de las que aman la changua en las mañanas y admira a los muiscas.
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